ASÍ LO REVELA UN ESTUDIO REALIZADO POR EL CRIM
Indices de violencia contra las mujeres en Morelos son mayores en relación con el resto del país
Reforma en la entidad que prohíbe el aborto, atenta contra avances logrados a nivel internacional: Castro Pérez
Por: Tlaulli Rocío Preciado
25-06-2009
“Esta reforma a la Constitución de Morelos es una regresión gravísima que atenta contra los derechos de las mujeres, contra el Estado laico, contra los avances que se han logrado a nivel mundial apoyados por la ONU… Es una forma de violencia”, aseveró el experto Roberto Castro Pérez, al referirse a la modificación legal que prohíbe el aborto en cualquier causal. Lo anterior, al dar a conocer los resultados de un estudio realizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según el cual, las mujeres morelenses sufren violencia en un índice mayor al de la media nacional.
En conferencia de prensa, el especialista –quien cuenta con una Maestría en la Universidad de Exeter, Inglaterra, y Doctorado en Sociología Médica de la Universidad de Toronto, Canadá, es investigador y catedrático de varias instituciones– dio una conferencia de prensa en la que se expuso un estudio que revela que en la entidad, el 37.3 por ciento de las mujeres sufre o ha sufrido alguna forma de violencia, en tanto que esta tasa nacional, es menor, con un 35 por ciento.
El coordinador del Programa de Investigación “Sociedad y Salud” del CRIM explicó que se analizaron los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2006 INEGI), en la muestra específica de Morelos, que hasta ahora –como ha sucedido con otras encuestas en la misma materia–, dijo, autoridades estatales no han utilizado, no han procesado para hacer investigaciones más específicas y para la toma de decisiones, el establecimiento de políticas públicas o la creación de programas que atiendan este grave problema.
Entre los resultados destacó que a nivel nacional, el 10 por ciento de mujeres unidas o casadas sufre violencia física, en tanto que en Morelos, el 8.9 por ciento. Éste es el único en el que el estado está debajo del promedio, pero en el resto de las formas de agresión está por arriba, ya sea sexual, emocional y económica. En todas las formas de violencia juntas, el porcentaje estatal está más de dos puntos porcentuales de la media nacional.
Asimismo, Castro Pérez expuso que conforme a estos datos –que son de origen formal, oficial de la citada encuesta–, la prevalencia de violencia física en Morelos es mayor en el estrato social bajo; en las mujeres de 15 a 19 años (es decir, más jóvenes); en aquellas cuya pareja tiene de 15 a 24 años; en las que hablan alguna lengua indígena y de manera particular, es notorio; resaltó que este indicador es mayor en las mujeres que tienen estudios de preparatoria incompleta, es decir, que contrario a lo que se observa en otros estados, aquí las féminas que tienen más estudios son las más agredidas, lo cual, insistió, sería importante investigar.
Destacó que dos tercios de las mujeres en el país han estado o están vinculadas con experiencias de violencia, “lo cual otra vez habla de la gravedad del asunto y de la importancia de hacer investigación que alimente a las políticas públicas para prevenir y detener este problema”.
Refirió que en otro estudio, respecto de encuestas institucionales sobre noviazgo, se encuentra que dos tercios de la población joven de ambos sexos han vivido violencia en una o más de sus formas, “eso quiere decir que la violencia es constitutiva, cotidiano en nuestro país; que no tiene por qué ser así”.
El mensaje crucial –dijo el especialista– es que los estados de la República cuentan con la base de datos, con su muestra, y Morelos no lo ha hecho, urge que se busque la forma de juntar el potencial de la universidad y de las instituciones para hacer un trabajo sustantivo.
El investigador en este campo comentó que hay avances importantes en materia de legislación, en el ámbito federal con la Ley por el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aun cuando tiene algunas lagunas o aspectos no precisos como el hablar de que una forma de violencia es el “desamor”. Lo más importante es que se pone la atención y se deja en claro el derecho de las mujeres a no ser violentadas, lo que ya es un paso muy importante.
Pero, recalcó de forma contundente y reiterada, en el nivel local, la reforma Constitucional que aprobó la actual legislatura que prohíbe el aborto incluso en caso de violación, “es una regresión gravísima en torno a los derechos de las mujeres; es desconocer la estado actual de la discusión mundial en torno a este tema, a lo que son las prioridades de salud a nivel mundial”. Cuestionó que se hubiera aprobado esa modificación por diputados de diferentes partidos al sostener que “eso me habla de intereses coyunturales, electoreros y de traición a los principios que dicen defender muchos de esos representantes”.
Consideró que esta reforma implica una forma de violencia muy grave contra las mujeres, “porque es decirles que no son dueñas de su propio cuerpo y que se les puede imponer un embarazo, incluso por el medio más brutal como sería una violación y que si les llega a ocurrir, se tienen que aguantar, porque en el Estado no se permite la suspensión del embarazo; entonces hablamos de una violación muy grave, estamos hablando de violencia estructural, de Estado”.
Opinó que habría que preguntar a las y los legisladores y todos los involucrados en esta “regresión legislativa, qué tanto conocen la información que existe sobre este asunto y si la conocen qué opinan, como para entender con base en qué datos científicos sustentaron sus decisiones; mi apuesta es que no la sustentaron en ningún dato de ciencia, sino en concepciones religiosas”.
Además, el investigador del CRIM consideró que en este momento de campañas electorales, “éste es un tema que debería ser considerado por los ciudadanos y preguntar a los candidatos qué piensan y cuáles son sus propuestas”.
Por otra parte, señaló que la encuesta pone al descubierto que hay ignorancia en servidores públicos, desde ministerios públicos hasta algunos jueces, que incide en que los casos no se denuncien y no lleguen a sanciones.
Mencionó que la investigación muestra también que es fundamental hacer investigación y que es imperante buscar qué tipo de intervención pública y de educación se necesita para generar un nuevo tipo de masculinidad en el hombre.
El investigador sostuvo que en el fondo, “el origen de la violencia contra las mujeres estriba en la noción de que las mujeres son inferiores a los hombres; es una noción profundamente arraigada en nuestra sociedad. Tanto, que se puede legislar que aunque la violen, no puede hacer nada al respecto…” y se expresa de diversas otras formas; por ejemplo en la casa, donde hay escasos recursos y no se manda a la niña a la escuela y sólo se manda al niño.
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