Por Julia Evelyn Martínez (*)
“Yo hablo apegada a la fe, yo sé que Dios hizo a un hombre y
a una mujer. Y estoy más de acuerdo con los primeros estudios que llaman
enfermedad a la homosexualidad, igual que el alcoholismo. La Biblia lo llama
problemas espirituales en la persona. Pero si vamos a hablar científicamente,
me quedo con lo primero que se decía, que la homosexualidad es una
enfermedad".
Reina
Umanzor de Salazar,
Psicóloga
y Profeta de la Iglesia Cristo de las Naciones
SAN SALVADOR - En lo personal estoy en contra del matrimonio
como contrato jurídico para regular las relaciones entre dos personas que se
aman; pero he aprendido a aceptar que este tipo de contrato funciona en muchas
ocasiones para aquellas personas que necesitan tener seguridad y certidumbre en cuanto al uso y división
del patrimonio, a la transmisión de la
herencia y sobre todo, frente al acceso
a prestaciones y/o beneficios sociales,
como por ejemplo los que se derivan de la seguridad social. El contrato
matrimonial no regula ni la fidelidad, ni el respeto, ni la felicidad, ya que estos elementos siguen siendo competencia exclusiva del terreno del amor.
Tampoco estoy de acuerdo en que se acepte como una verdad
universal que los matrimonios heterosexuales son los modelos “funcionales” de unión conyugal para quienes se unan con el
objetivo de tener descendencia. Los datos disponibles sobre abusos en niños/as
y adolescentes a nivel mundial y nacional, señalan que las familias
consideradas funcionales e integradas
(madre y padre en unión matrimonial legal que cohabitan en una misma
residencia con hijos/as en común) son los escenarios frecuentes de diversas
formas de violencia en contra niños/as y adolescentes, incluyendo la violencia
sexual cometida por progenitores o familiares próximos que habitan en la misma
casa y en el marco de lo que se conoce como una “familia integrada”.
Menos aún creo que el reconocimiento y respeto de los
derechos humanos de la comunidad de personas gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales (LGTB) sea una bandera exclusiva de partidos de izquierda y/o que
sea un camino que conduzca a la degradación moral de las sociedades. Por
ejemplo, en Gran Bretaña se ha iniciado una amplia consulta para la
legalización del matrimonio no heterosexual, que ha sido una iniciativa del Primer Ministro de Gran
Bretaña, David Cameron, miembro del Partido Conservador. Curiosamente el
argumento utilizado por los conservadores ingleses para promover la
legalización de este tipo de matrimonios, está fundamentado en la
ideología conservadora. En su discurso
anunciando esta consulta, el Primer Ministro Cameron señaló que: “Los
conservadores creemos en los lazos que nos atan; que la sociedad es más fuerte
cuando nos ofrecemos nuestros votos y nos apoyamos el uno al otro. Así que no
apoyo el matrimonio gay pese a ser Conservador. Apoyo el matrimonio gay por ser
Conservador”.
También Alemania e Islandia, que son sociedades reconocidas por su alto nivel
de desarrollo humano y por la fortaleza de sus instituciones democráticas, se
reconoce social y/o legalmente el derecho de
sus ciudadanos /as no heterosexuales a legalizar un contrato matrimonial
con las personas con quienes desean
compartir su vida.
Por ejemplo, el
Vice-canciller de Alemania,
Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente del Partido Demócrata
Libre (de derecha), Guido Westerwelle, se
casó en 2010 con su compañero de
vida de muchos años, el empresario Michael Mronz, sin que la sociedad y/o la
economía alemana haya entrado en el caos y/o sin que se haya debilitado el
liderazgo de la Canciller Angela Merkel, amiga
y correligionaria política de la pareja. Ese mismo año en Islandia, un
día después que entró en vigor la nueva ley que reconoce el matrimonio
homosexual, la Primera Ministra, Johanna Sigurdardottir, de la Alianza
Socialdemócrata, contrajo matrimonio con su compañera, la escritora Jonina Leosdottir,
convirtiéndose así en la primera jefa de Gobierno del mundo en contraer
matrimonio con una persona de su mismo sexo y en contra del llamado del Obispo
de la Iglesia Estatal Luterana no acatar esta nueva ley. Tampoco en esta oportunidad
colapsó la sociedad y/o el Gobierno de Islandia por esta razón.
Mientras las sociedades desarrolladas avanzan en el
reconocimiento de los derechos de sus ciudadanos/as LGTB, en el otro extremo,
las sociedades con menor desarrollo humano y con instituciones más débiles,
se observan procesos en sentido
contrario, que persiguen limitar los derechos humanos y ciudadanos de la
población que no es heterosexual, mediante la institucionalización y/o
legalización de la discriminación por orientación y/o preferencia sexual. Esto
está sucediendo en sociedades que
diseñan sus leyes y/o políticas públicas a partir de ideas religiosas fundamentalistas, que discriminan
a las personas no heterosexuales y que incluso imponen la pena de muerte por
este motivo. Es caso de Argelia
y Marruecos, en donde las relaciones homosexuales y lésbicas están tipificadas como delitos y el de otros países subdesarrollados como
Yemen, Somalia, Nigeria, Irán, Mauritania y Sudán en los que se condenan
a muerte a los gay y a las lesbianas.
Unos pocos días atrás, el Presidente Robert Mugabe, líder de
la lucha por la liberación nacional de
Zimbawe y que tiene 23 años en el poder,
reaccionó de forma iracunda al llamado del Primer Ministro de Gran
Bretaña a los gobiernos de los países de la Mancomunidad Británica para
reconocer los derechos de homosexuales y
lesbianas como condición para recibir ayuda oficial para el desarrollo. La
respuesta del Presidente Mugabe fue la siguiente: “La naturaleza es la
naturaleza. Creo al varón y a la hembra. ¿Acaso usted, David Cameron, sugiere
que no lo sabe, o hay una especie de demencia, o esto forma parte de la cultura
de los europeos? Así hemos nacido. Por eso rechazamos categóricamente eso y le
decimos que se vaya al infierno”. La similitud
entre los argumentos contra los derechos humanos de la comunidad LGTB de los
líderes del movimiento fundamentalista salvadoreño y de Zimbawe es realmente
sorprendente, pese la distancia ideológica, política y geográfica que les
separa.
En sociedades como la salvadoreña, en algunas ocasiones el odio y la discriminación hacia la comunidad
LGTB se disfraza en ciertos grupos, bajo
un ropaje de aparente misericordia y/o benevolencia hacia este colectivo
(“pobrecitos”, “también son hijos de Dios”,
“yo no los discrimino, si hasta mi peinador es gay”) mientras por otra
parte, se enfila el poder de las leyes y
de las políticas públicas del Estado,
en contra de los derechos humanos de este colectivo, derechos que
incluyen el derecho a vivir su sexualidad sin más restricciones que la impone
la norma ética de no dañar los derechos
sexuales de los/as demás. La iniciativa
liderada por lideres y/o fanáticos religiosos
así como sectores anti-democráticos, y que pretende la ratificación de
las reformas a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución para prohibir
el derecho de la Comunidad LGTB
al matrimonio civil no heterosexual, es
tan solo una prueba del camino inverso al desarrollo y a la democracia por la que estos grupos quieren orientar a la
sociedad y al Estado.
La sociedad salvadoreña sin darse cuenta está bajo la
amenaza de caer bajo el yugo de estos
grupos fundamentalistas, que bajo
diferentes denominaciones, se
autoproclaman como defensores de la familia, de las buenas costumbres y de las
tradiciones, y que por el momento han emprendido una campaña de desinformación,
chantaje y miedo entre la población, que incluye el llamado a no votar por los
partidos políticos que se abstengan de
ratificar esta reforma
constitucional discriminatoria.
La gravedad de estas
amenazas para el desarrollo y la democracia debe ser analizada con
detenimiento, más allá de los clichés o
lugares comunes invocados por estos grupos de fanáticos/as. Por ejemplo,
es necesario que en esta coyuntura, las organizaciones ciudadanas que forman
parte de la Iniciativa “Aliados por la Democracia” evalúen la conveniencia de
su acercamiento a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sobre
todo, de cara a la presión que la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
y otras gremiales miembros de la ANEP, están ejerciendo sobre la Asamblea
Legislativa para que se ratifique la prohibición constitucional de los derechos
de la comunidad LGTB. Asimismo, se necesita que los “tanques de pensamiento”
analicen las implicaciones que esto
tiene sobre la seguridad jurídica y/o el clima de inversiones del país. ¿Se han puesto a pensar los miembros de la
ANEP o
de FUSADES en la inseguridad
jurídica que nuestro país ofrecerá a inversionistas gay de países como Alemania, Gran Bretaña o
de Estados Unidos que estén pensando en viajar o radicarse en el país con sus
esposos, sí esta reforma constitucional
es ratificada? ¿O es que creen que la inversión que se debe promover en el país también debe ser exclusivamente una inversión
realizada por heterosexuales?
Para las personas que se declaran defensoras de la
democracia y/o promotoras del desarrollo nacional, es tiempo de tomar con
seriedad este ataque a la democracia y al desarrollo, para movilizarse por los derechos de TODA la ciudadanía y por la no discriminación por orientación y/o
preferencia sexual. Esta es una
condición básica para la convivencia en sociedades diversas y un indicador de cohesión
social y de desarrollo humano. En las sociedades democráticas y desarrolladas
ninguna iglesia o grupo de presión debería tener la capacidad de imponerle al Estado y a los ciudadanos/os que
no comulgan con sus creencias o mandamientos,
la prohibición de tener un contrato matrimonial en los términos reconocidos y garantizados por el Estado.
Post Scriptum: Hace menos de una semana mi postura frente a
las elecciones del 11 de marzo era anular el voto como señal de inconformidad
con el sistema político salvadoreño por la falta de congruencia de los/as
políticos/as entre lo que piensan y la
forma en cómo actúan en materia de políticas públicas. Sin embargo, frente a la
amenaza lanzada por los grupos fundamentalistas y neo integristas de llamar a
votar en contra de los partidos políticos que se abstengan de ratificar la reforma a los artículos 32, 33 y 34, he reconsiderado mi posición: votaré por las
personas y/o partidos que se sobrepongan al chantaje y al miedo que tratan de imponerles estos grupos de poder y que
opten por la no ratificación de esta
reforma, que atenta contra los derechos de ciudadanía de la comunidad LGTB.
(*) Columnista de ContraPunto