La mañana de este Miércoles 22 de Abril, fue presentado por el Msc. José Manuel Salas, uno de sus autores, un importante estudio sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, realizado en el marco del Programa IPEC de la OIT. El mismo analiza una encuesta de tolerancia realizada en la región centroamericana y compara los resultados con el primer estudio similar realizado en 2005.
A continuación transcribimos el boletín de la oficina en San Salvador del IPEC-OIT:
"BOLETIN DE PRENSA
Con un 95% de nivel de confianza y 8, 608 personas encuestadas por CID-GALLUP en la región centroamericana, la OIT presenta el segundo estudio realizado sobre la tolerancia a la explotación sexual de personas menores de edad en la región.
Se deduce que la región centroamericana muestra avances, aunque persisten los desafíos.
“El comercio sexual con personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y república Dominicana. Segundo estudio de tolerancia social. Análisis de Resultados, desafíos y recomendaciones” es el título de la nueva publicación del Programa internacional para la erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Oficina Internacional del Trabajo en la que se analizan los datos de una encuesta sobre la tolerancia de la sociedad centroamericana frente a los delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entre los datos más destacables, se puede señalar que alrededor de l 95% de las personas encuestadas en la región reconoce la explotación sexual comercial como DELITO. En la región, el 28,1% de las personas encuestadas dice conocer lugares donde se ofrecen “servicios sexuales” con personas menores de edad: desde el 37.1% de Guatemala hasta el 14.8% de Costa Rica. A pesar de que existe en la región una institucionalidad para hacer frente a la explotación sexual comercial, en caso de saber de una persona adulta que paga por sexo a otra menor de edad, un 24.8% de la población respondió que no haría nada (desde el 12.9% de Costa Rica hasta el 38.8% de El Salvador).
El 37.4% de las personas encuestadas señaló que denunciaría a los proxenetas e intermediarios y el 40.8%, al cliente explotador. Con respecto a 2005, esta última opción ha aumentado en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Un avance importante en la región es que más personas reconocen que las instituciones del Estado también son responsables de detener el problema. Sin embargo, los principales responsables que son los explotadores y los proxenetas siguen pasando desapercibidos. Solo un promedio de 5% a nivel regional les atribuye la responsabilidad. Además, sigue siendo un reto para los países y sus instituciones colocar en la sociedad parte de la responsabilidad de detener la explotación sexual, pues como ciudadanos y ciudadanas, todas las personas tienen la obligación de denunciar a los delincuentes y proteger a las personas menores de edad.
Entre las razones de las personas que “no harían nada” ante el conocimiento de una situación de explotación sexual, la desconfianza en el sistema aparece como una de las principales causas para no denunciar en casi todos los países (desde un 46.4% en República Dominicana hasta un 28.2% en Honduras). En el caso de panamá, la desconfianza en el sistema alcanzó el 41.2% de la población en tanto que un 36.4% tiene temor a represalias y un 22.4% simplemente no le importa o no es su problema.
En relación con este tema en particular, y como parte de las conclusiones, el estudio señala que debe haber preocupación por la elaboración de campañas de información que conciencien y sensibilicen a la población en general sobre el grado de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en situaciones de pobreza, violencia y abandono, especialmente en las que podrían estar las personas menores de edad de sexo femenino, víctimas de la explotación sexual comercial. Esto por cuanto las mujeres continúan siendo las más afectadas en situaciones de crisis económica, como la que actualmente se enfrenta, al ser consideradas más que los varones, como objetos sexuales con los que se puede lucrar y “comerciar”.
Además, se señala que se deben revisar, ejecutar y crear políticas sociales universales de combate a la pobreza, de trabajo decente, de vivienda digna, de reinserción educativa, entre otros, que vengan a apoyar de manera efectiva a los sectores más pobres de la población donde se ubican la mayoría de víctimas de explotación sexual y sus familias, para revertir su vulnerabilidad. Debe haber preocupación en torno a cómo el aumento de la pobreza, en el escenario actual de la crisis financiera, entre otros aspectos de orden social, aumentará la vulnerabilidad de la población menor de edad frente a problemas como la explotación sexual comercial.
En este sentido, entre otras, se recomienda que en cada país las instituciones encargadas de la protección y tutela de los derechos de las personas menores de edad, redoblen esfuerzos en sus tareas, de cara a la situación que se avecina con la crisis económica, como consecuencia de la pobreza y otras condiciones adversas que pueden incrementar el delito de explotación sexual comercial. Es necesario que se promueva un diálogo entre sectores claves en la atención de la problemática que identifique en cada país el impacto que la crisis va a generar en los derechos de la niñez y la adolescencia en general y en problemáticas particulares como la explotación sexual, de forma que se puedan tomar las acciones necesarias para enfrentar este desafío”.".
Para quienes interese, pueden bajar el estudio en el sitio del programa. Por nuestra parte, contaremos en nuestro CEDOC con el material impreso para consulta y para su distribución gratuita en formato digital.
La actividad, que fue todo un éxito, fue organizada por la Mesa Contra la Explotación Sexual Comercial, el Comité Nacional Contra la Trata de Personas y el Programa IPEC de la Oficina Internacional del Trabajo, a quienes agradecemos y felicitamos por tan importante iniciativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario