Un debate y muchos problemas EL PAIS ESPAÑA

Aquí la última entrega:

"REPORTAJE: Explotación sexual en España Y

4. UN DEBATE Y MUCHOS PROBLEMAS

Prostituir a la fuerza no es delito grave

Las leyes vigentes son insuficientes para luchar contra la trata y se plantean reformas - Las víctimas sólo son protegidas a cambio de información "relevante"

ÁLVARO DE CÓZAR / MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid - 20/05/2009

Los policías que llevan años de lucha contra la trata recuerdan los
primeros años del combate. En una ocasión, los agentes consiguieron
sentar en el banquillo de los acusados al dueño de un club donde se
explotaba a mujeres. Dos mujeres, prostitutas del local, testificaron
contra el hombre.

Los policías que llevan años de lucha contra la trata recuerdan los
primeros años del combate. En una ocasión, los agentes consiguieron
sentar en el banquillo de los acusados al dueño de un club donde se
explotaba a mujeres. Dos mujeres, prostitutas del local, testificaron
contra el hombre. El juez le condenó, pero no cerró su local. El
argumento fue que sólo había dos víctimas de trata de personas. El
resto de las mujeres que trabajaban en el local no habían denunciado.
"Cerrar el local sería perjudicar a las que están porque quieren",
dijo el magistrado a los policías. La esclavitud de dos mujeres no era
una razón suficiente para clausurar el burdel.

La actitud de los jueces ha cambiado desde entonces, pero sigue
habiendo múltiples problemas para luchar con eficacia contra la trata
de seres humanos. Por un lado, la falta de determinación del Gobierno -
tanto de éste como de los anteriores del PP- sobre qué hacer con la
prostitución provoca que haya un gran negocio que se mueve al margen
de la ley y que genera extraordinarias ganancias para los explotadores
sexuales. Y, al margen del recurrente debate entre abolicionistas y
regulacionistas de la prostitución, no se abordan de forma prioritaria
las reformas que hacen falta para erradicar la trata.

Uno de los problemas más graves que denuncian las ONG es que se
protege a las víctimas no por el hecho de serlo sino por colaborar con
la policía. Sólo se les concede el permiso de residencia si han
denunciado y si la información que han dado ha sido "relevante" para
desarticular una red. Si lo que cuenta la mujer no es útil, no hay
permiso. Quid pro quo. Algo que en el caso de la violencia de género
sería inadmisible, cuando se trata de la explotación sexual se tolera
sin más. "No se enfoca la cuestión como una violación terrible de los
derechos humanos más básicos en una sociedad democrática sino que se
recompensa a las víctimas si ayudan", dice Cristina Garaizábal,
portavoz de la asociación Hetaira. Opinión que comparte también la ONG
Proyecto Esperanza.

La regulación de los permisos de residencia acaba de costarle a España
una condena de la Unión Europea. El Tribunal de Luxemburgo dictó
sentencia la semana pasada contra nuestro país por no haber
incorporado a nuestro derecho una directiva de 2004 sobre expedición
de tarjetas de residencia a las víctimas de trata. La UE, que sí
acepta que los permisos puedan concederse a cambio de información,
exige garantías que aún no se cumplen en nuestra legislación, como que
se dé a las víctimas un periodo de reflexión para decidir si desean
denunciar. Ése es uno de los momentos más delicados. Las víctimas,
sobre todo si están en manos de redes violentas, tienen miedo y
necesitan un tiempo -con asistencia sanitaria, legal y psicológica-
para pensar lo que desean hacer. Muchas veces sus familias están
amenazadas en el país de origen. Un portavoz del Ministerio de
Igualdad asegura que la transposición de esta directiva está
contemplada en la propuesta de modificación de la Ley de Extranjería.

Después de la denuncia, e incluso si se les concede el permiso de
residencia -sólo lo han conseguido 951 mujeres en los últimos ocho
años y se les ha denegado a otras 648-, los problemas continúan.
"Luego se encuentran con que necesitan un permiso de trabajo", señala
Cristina Garaizábal. "Y es muy difícil que les hagan una oferta".

En esas se encuentra estos días Hope (Véase EL PAÍS del pasado lunes,
18 de mayo). La chica nigeriana vino a España engañada y fue obligada
a prostituirse en varios clubes de carretera. Tras denunciar a los
tratantes, obtuvo el permiso de residencia. Busca empleo desde
entonces. Y siempre le ocurre lo mismo. Le dicen que la pueden
contratar, pero si consigue primero un permiso de trabajo. Nadie
quiere hacer la primera oferta. Sin permiso de trabajo, no hay empleo.
Y sin empleo, no hay permiso. "Todos los días voy a entregar mi
currículum a bares, tiendas. Nadie me hace caso y la residencia me
caduca dentro de unos meses. No me queda dinero y tengo miedo de que
me expulsen", se lamenta.

La protección a las víctimas es sin duda una de las asignaturas
pendientes en el tema de la trata. Pero también hay suspensos en el
ámbito de la justicia. El Código Penal regula por un lado el obligar a
una mujer a prostituirse y por otro, el tráfico de personas. La
primera cuestión está castigada sólo con penas de dos a cuatro años de
cárcel (una pena no grave, según el código). La misma sanción se
impone a los que se lucren "explotando la prostitución de otra
persona", aun con su consentimiento. Y, dado que la trata muchas veces
es difícil de probar, éste puede ser el único castigo que reciba el
delincuente.

Se regula por otro lado el tráfico de personas. El artículo 318 bis
establece condenas de 4 a 8 años de cárcel para quienes trafiquen con
inmigrantes y entre 5 y 10 años para quienes lo hagan con fines de
explotación sexual. Esta disposición plantea dos problemas. En primer
lugar, que se juntan dos conductas que no tienen nada que ver: una
cosa es introducir en España de forma ilegal a inmigrantes que quieren
entrar y otra muy distinta traerlos engañados para esclavizarlos y
explotarlos. "Estos tipos penales deben separarse", señala Joaquín
Sánchez-Covisa, fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de
extranjería. "Es necesario un delito específico de trata de seres
humanos". El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos
con Fines de Explotación Sexual, aprobado por el Gobierno el pasado
diciembre, recogía esta modificación legal. Pero todavía no se ha
producido.

Otro problema de este artículo es que habla sólo de inmigrantes, lo
que implica que quedan fuera todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Las mujeres rumanas no se consideran víctimas de trata y son una de
las nacionalidades más afectadas por este problema. Marta González, de
la ONG Proyecto Esperanza, cree es una de las primeras cuestiones que
hay que modificar. Se espera que el Gobierno introduzca algunos de
estos cambios en su próxima reforma del Código Penal.

Otro de los grandes problemas es la falta de datos. No se conoce la
dimensión del problema y por lo tanto es complicado actuar de forma
adecuada. No hay información fiable y centralizada sobre el número de
prostitutas en España, el número de burdeles, el número de testigos
protegidas, el número de denuncias o el número de condenas por este
tipo de delitos. Todo son estimaciones basadas en nada concreto.

"Esto es cierto", responde un portavoz del Ministerio de Igualdad.
"Pero es una característica común a todos los países. Conscientes de
esta realidad en nuestro plan hemos incluido diversas medidas que nos
permitan conocer mejor la situación y cuantificarla. Hay planteados
diversos estudios. Además, el CICO (Centro de Inteligencia contra el
Crimen Organizado) y el Ministerio del Interior están trabajando ya
desde el 1 de enero en el diseño e implementación de una base de datos
que nos permitirá un conocimiento más exhaustivo y ajustado a la
realidad".

Tampoco hay, por el momento, campañas de sensibilización a pesar de
que es un problema grave que apenas preocupa en nuestro país. Ni a la
sociedad en su conjunto ni a los clientes de prostitución. Desde el
Ministerio de Igualdad se asegura que las campañas se están preparando
ya, pero que llevan tiempo.

Otro debate es el de los medios de comunicación. ¿Deben suprimir los
anuncios de prostitución porque quizá en sus páginas haya víctimas de
trata de personas? Dos diarios de reciente creación no los admiten:
Público y 20 Minutos. El Plan contra la Trata del Gobierno dice que se
promoverá el "control" de este tipo de publicidad. No se dice cómo.
Los principales periódicos (incluido éste) no han seguido el consejo.
Los responsables de EL PAÍS dicen que los anuncios no están
prohibidos.

EL PLAN

- El 13 de marzo de 2007, las Cortes Generales aprobaron un informe
sobre la prostitución tras una larga ponencia de casi un año. Tras la
comparecencia de un centenar de expertos, los grupos políticos
concluyeron que el fenómeno estaba muy ligado a la trata, se olvidaron
de la prostitución y decidieron que había que hacer algo. Fruto de ese
"algo" es el Plan Integral para la lucha contra el tráfico de seres
humanos con fines de explotación sexual. No es mucho por ahora, pero
es un plan. Lo más destacable es lo que sigue:

- Estudio sobre la trata. El plan establece la necesidad de redactar
un estudio que determine cuántas mujeres se dedican a la prostitución
en España.

- Sensibilización. Campañas de comunicación dirigidas a la sociedad
sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que
ejercen la prostitución y de las víctimas de trata con fines de
explotación sexual.

- Anuncios. Promover el control de anuncios de contactos en los
medios.

- Plazo de 30 días. El plan establece la necesidad de garantizar una
atención integral a las víctimas ofreciéndoles alojamiento,
tratamiento médico, información y asesoramiento legal sobre servicios
y programas. También se establece la necesidad de conceder un periodo
de reflexión previo a la denuncia que resulte suficiente para que la
víctima pueda restablecerse y escapar de la influencia de los
traficantes. Algunas ONG consideran que este plazo de tiempo es
insuficiente y que hay que ampliarlo hasta los 90 días."."