miércoles, 29 de febrero de 2012

EL SALVADOR democracia y derechos de la comunidad LGTB Julia Evelyn Martínez CONTRAPUNTO


Por Julia Evelyn Martínez (*) 

“Yo hablo apegada a la fe, yo sé que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Y estoy más de acuerdo con los primeros estudios que llaman enfermedad a la homosexualidad, igual que el alcoholismo. La Biblia lo llama problemas espirituales en la persona. Pero si vamos a hablar científicamente, me quedo con lo primero que se decía, que la homosexualidad es una enfermedad".
                                                                                                                                                                                                                                                        Reina Umanzor de Salazar,
                                                                                                                                                                                                                   Psicóloga y Profeta de la Iglesia Cristo de las Naciones

SAN SALVADOR - En lo personal estoy en contra del matrimonio como contrato jurídico para regular las relaciones entre dos personas que se aman;  pero he aprendido a aceptar  que este tipo de contrato funciona en muchas ocasiones  para aquellas  personas que necesitan tener seguridad  y certidumbre en cuanto al uso y división del  patrimonio, a la transmisión de la herencia y  sobre todo, frente al acceso a prestaciones y/o  beneficios sociales, como por ejemplo los que se derivan de la seguridad social. El contrato matrimonial no regula ni la fidelidad, ni el respeto,  ni la felicidad, ya que  estos elementos  siguen siendo competencia exclusiva  del terreno del amor.

Tampoco estoy de acuerdo en que se acepte como una verdad universal que los matrimonios heterosexuales son los modelos “funcionales”  de unión conyugal para quienes se unan con el objetivo de tener descendencia. Los datos disponibles sobre abusos en niños/as y adolescentes a nivel mundial y nacional, señalan que las familias consideradas funcionales e integradas  (madre y padre en unión matrimonial legal que cohabitan en una misma residencia con hijos/as en común) son los escenarios frecuentes de diversas formas de violencia en contra niños/as y adolescentes, incluyendo la violencia sexual cometida por progenitores o familiares próximos que habitan en la misma casa y en el marco de lo que se conoce como una “familia integrada”.

Menos aún creo que el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de la comunidad de personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTB) sea una bandera exclusiva de partidos de izquierda y/o que sea un camino que conduzca a la degradación moral de las sociedades. Por ejemplo, en Gran Bretaña se ha iniciado una amplia consulta para la legalización del matrimonio no heterosexual, que ha sido una  iniciativa del Primer Ministro de Gran Bretaña, David Cameron, miembro del Partido Conservador. Curiosamente el argumento utilizado por los conservadores ingleses para promover la legalización de este tipo de matrimonios, está fundamentado en la ideología  conservadora. En su discurso anunciando esta consulta, el Primer Ministro Cameron señaló que: “Los conservadores creemos en los lazos que nos atan; que la sociedad es más fuerte cuando nos ofrecemos nuestros votos y nos apoyamos el uno al otro. Así que no apoyo el matrimonio gay pese a ser Conservador. Apoyo el matrimonio gay por ser Conservador”.

También Alemania e Islandia, que  son sociedades reconocidas por su alto nivel de desarrollo humano y por la fortaleza de sus instituciones democráticas, se reconoce social y/o legalmente el derecho de  sus ciudadanos /as no heterosexuales a legalizar un contrato matrimonial con las personas con quienes desean  compartir su vida.

Por ejemplo, el  Vice-canciller de Alemania,  Ministro de Relaciones Exteriores y Presidente del Partido Demócrata Libre (de derecha),   Guido Westerwelle,  se  casó en 2010  con su compañero de vida de muchos años, el empresario Michael Mronz, sin que la sociedad y/o la economía alemana haya entrado en el caos y/o sin que se haya debilitado el liderazgo de la Canciller Angela Merkel, amiga  y correligionaria política de la pareja. Ese mismo año en Islandia, un día después que entró en vigor la nueva ley que reconoce el matrimonio homosexual, la Primera Ministra, Johanna Sigurdardottir, de la Alianza Socialdemócrata, contrajo matrimonio con su compañera,  la escritora Jonina Leosdottir, convirtiéndose así en la primera jefa de Gobierno del mundo en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo y en contra del llamado del Obispo de la Iglesia Estatal Luterana no acatar esta nueva ley. Tampoco en esta oportunidad colapsó la sociedad y/o el Gobierno de Islandia por esta razón.

Mientras las sociedades desarrolladas avanzan en el reconocimiento de los derechos de sus ciudadanos/as LGTB, en el otro extremo, las sociedades con menor desarrollo humano y con instituciones más débiles, se  observan procesos en sentido contrario, que persiguen limitar los derechos humanos y ciudadanos de la población que no es heterosexual, mediante la institucionalización y/o legalización de la discriminación por orientación y/o preferencia sexual. Esto está sucediendo en sociedades que  diseñan sus leyes y/o políticas públicas a partir de ideas  religiosas fundamentalistas, que discriminan a las personas no heterosexuales y que incluso imponen la pena de muerte por este motivo. Es  caso de  Argelia  y Marruecos, en donde las relaciones homosexuales y lésbicas  están tipificadas como delitos y el  de otros países subdesarrollados  como  Yemen, Somalia, Nigeria, Irán, Mauritania y Sudán en los que se condenan a muerte a los gay  y a  las lesbianas.

Unos pocos días atrás, el Presidente Robert Mugabe, líder de la lucha por la liberación nacional de  Zimbawe y que tiene 23 años en el poder,  reaccionó de forma iracunda al llamado del Primer Ministro de Gran Bretaña a los gobiernos de los países de la Mancomunidad Británica para reconocer los derechos de  homosexuales y lesbianas como condición para recibir ayuda oficial para el desarrollo. La respuesta del Presidente Mugabe fue la siguiente: “La naturaleza es la naturaleza. Creo al varón y a la hembra. ¿Acaso usted, David Cameron, sugiere que no lo sabe, o hay una especie de demencia, o esto forma parte de la cultura de los europeos? Así hemos nacido. Por eso rechazamos categóricamente eso y le decimos que se vaya al infierno”.   La similitud entre los argumentos contra los derechos humanos de la comunidad LGTB de los líderes del movimiento fundamentalista salvadoreño y de Zimbawe es realmente sorprendente, pese la distancia ideológica, política y geográfica que les separa.

En sociedades como la salvadoreña,  en algunas ocasiones el  odio y la discriminación hacia la comunidad LGTB se disfraza en ciertos grupos,  bajo un ropaje de aparente misericordia y/o benevolencia hacia este colectivo (“pobrecitos”, “también son hijos de Dios”,  “yo no los discrimino, si hasta mi peinador es gay”) mientras por otra parte,  se enfila el poder de las leyes y de  las políticas públicas  del Estado,  en contra de los derechos humanos de este colectivo, derechos que incluyen el derecho a vivir su sexualidad sin más restricciones que la impone la norma ética  de no dañar los derechos sexuales  de los/as demás. La iniciativa liderada por lideres y/o fanáticos religiosos  así como sectores anti-democráticos, y que pretende la ratificación de las reformas a los artículos 32, 33 y 34 de la Constitución  para prohibir  el derecho  de la Comunidad LGTB al matrimonio civil no heterosexual,  es tan solo una prueba del camino inverso al desarrollo y a la democracia  por la que estos grupos quieren orientar a la sociedad y al Estado.

La sociedad salvadoreña sin darse cuenta está bajo la amenaza de caer bajo  el yugo de estos grupos fundamentalistas, que bajo  diferentes denominaciones,  se autoproclaman como defensores de la familia, de las buenas costumbres y de las tradiciones, y que por el momento han emprendido una campaña de desinformación, chantaje y miedo entre la población, que incluye el llamado a no votar por los partidos políticos que se abstengan de  ratificar esta  reforma constitucional discriminatoria.

 La gravedad de estas amenazas para el desarrollo y la democracia debe ser analizada con detenimiento, más allá de los clichés o  lugares comunes invocados por estos grupos de fanáticos/as. Por ejemplo, es necesario que en esta coyuntura, las organizaciones ciudadanas que forman parte de la Iniciativa “Aliados por la Democracia” evalúen la conveniencia de su acercamiento a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), sobre todo, de cara a la presión que la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y otras gremiales miembros de la ANEP, están ejerciendo sobre la Asamblea Legislativa para que se ratifique la prohibición constitucional de los derechos de la comunidad LGTB. Asimismo, se necesita que los “tanques de pensamiento” analicen las  implicaciones que esto tiene sobre la seguridad jurídica y/o el clima de inversiones del país.  ¿Se han puesto a pensar los miembros de la ANEP  o  de FUSADES  en la inseguridad jurídica que nuestro país ofrecerá a inversionistas  gay de países como Alemania, Gran Bretaña o de Estados Unidos que estén pensando en viajar o radicarse en el país con sus esposos,  sí esta reforma constitucional es ratificada? ¿O es que creen que la inversión que se debe promover en el país  también debe ser exclusivamente una inversión realizada por heterosexuales?

Para las personas que se declaran defensoras de la democracia y/o promotoras del desarrollo nacional, es tiempo de tomar con seriedad este ataque a la democracia y al desarrollo, para movilizarse  por los derechos de TODA la ciudadanía y  por la no discriminación por orientación y/o preferencia sexual. Esta es  una condición básica para la convivencia en sociedades diversas y un indicador de cohesión social y de desarrollo humano. En las sociedades democráticas y desarrolladas ninguna iglesia o grupo de presión debería tener la capacidad de  imponerle al Estado y a los ciudadanos/os que no comulgan con sus creencias o mandamientos,  la prohibición de tener un contrato matrimonial en los términos  reconocidos y garantizados por el Estado.

Post Scriptum: Hace menos de una semana mi postura frente a las elecciones del 11 de marzo era anular el voto como señal de inconformidad con el sistema político salvadoreño por la falta de congruencia de los/as políticos/as entre lo que piensan y  la forma en cómo actúan en materia de políticas públicas. Sin embargo, frente a la amenaza lanzada por los grupos fundamentalistas y neo integristas de llamar a votar en contra de los partidos políticos que se abstengan de ratificar  la reforma a los artículos 32, 33 y 34,   he reconsiderado mi posición: votaré por las personas y/o partidos que se sobrepongan al chantaje y al  miedo que tratan de imponerles   estos grupos de poder  y  que opten por la no ratificación de  esta reforma,  que atenta contra los  derechos de ciudadanía de la comunidad LGTB.

(*) Columnista de ContraPunto